Hacer más competitivo, sostenible y seguro el sistema eléctrico en Cataluña es el objetivo del nuevo decreto ley aprobado por el Govern de Catalunya. El texto incorpora medidas en distintos ámbitos del sector eléctrico, como el almacenamiento mediante baterías, las energías renovables, las infraestructuras de transporte y distribución o las comunidades energéticas. Además, incluye distintas medidas para incrementar la participación de la ciudadanía en el sistema eléctrico.
El nuevo decreto ley aprobado regula por primera vez la figura de las comunidades energéticas. En concreto, se crea un registro de estas entidades, y también se regula la participación de los entes locales en estas comunidades, dotándolas de mayor autonomía.
Por otro lado, la nueva norma pretende mejorar el encaje de los proyectos de energías renovables en el territorio en el que se instalan. Para ello, se prevé la creación de mesas de diálogo social, estableciéndose mejoras en los procedimientos de participación local. Y también se articulan medidas para minimizar el impacto de las instalaciones energéticas en el entorno. Se restringe la instalación de energías renovables en suelos de regadío ya aprobadas o en desarrollo, y también se prevé la posibilidad de instalar líneas eléctricas en espacios cercanos a la red viaria.
Regulación para la instalación de baterías
La norma también regula la figura de las pérgolas solares, y por primera vez se regula la instalación de baterías. El decreto ley define la tramitación urbanística y energética que tendrán que seguir las instalaciones de baterías, aclara su marco normativo y las dota de mayor seguridad jurídica.
Así, las empresas desarrolladoras de los proyectos, los ayuntamientos y la ciudadanía dispondrán de una regulación que desvanecerá las dudas respecto a cómo tramitar este tipo de instalaciones, y que permitirá acelerar su implementación.
Además, el decreto ley avanza en la simplificación administrativa. Por ejemplo, se permite la transmisión de autorizaciones administrativas de proyectos no puestos en servicio para minimizar las renuncias de promotores; también se aumenta el incremento hasta los 500 kW de la potencia mínima necesaria para requerir la autorización administrativa a un proyecto de generación eólica o fotovoltaica; y se agiliza la tramitación para mejorar o repotenciar la infraestructura de transporte y distribución de electricidad.