El Grupo de Trabajo de Regulación de la iniciativa Bridge de la Comisión Europea, que conecta proyectos de investigación e innovación en el ámbito de las smart grids, se creó desde el inicio de Brigde para fomentar el intercambio de conocimientos entre los proyectos financiados por los programas Horizonte 2020 y Horizonte Europa, que abordan diferentes aspectos regulatorios en el ámbito energético. Ahora, el grupo de trabajo ha publicado su informe anual 2024-2025. El documento subraya que, si bien se han logrado avances significativos, materializar las tendencias de descarbonización y descentralización de la UE requerirá una adaptación regulatoria continua.
El informe anual del Grupo de Trabajo sobre Regulación Bridge 2024-2025 consolida las perspectivas del grupo, extraídas de una amplia gama de proyectos de innovación financiados por la UE, en una guía regulatoria práctica. Cada sección del informe refleja un área importante de investigación del grupo de trabajo, y en conjunto apuntan a una conclusión común: la regulación debe evolucionar al ritmo de la innovación para permitir un sistema energético resiliente, inclusivo y descarbonizado.
Energía limpia y flexibilidad de la demanda
Por un lado, el informe se centra en el mapeo regulatorio y la evaluación de la implementación del Paquete de Energía Limpia en los Estados miembros de la UE. Una conclusión clave es que, si bien el citado paquete ha introducido conceptos importantes -como los consumidores activos (que pueden participar en el intercambio de energía), las comunidades energéticas ciudadanas y la flexibilidad de la demanda-, su implementación a nivel nacional sigue siendo muy heterogénea. Por lo tanto, el informe subraya que un marco regulatorio armonizado y aplicable es esencial para liberar todo el potencial de la flexibilidad y la participación comunitaria en toda Europa.
Además, el informe analiza las barreras a la flexibilidad de la demanda y el estado de preparación de los marcos nacionales para respaldarla. El análisis revela que muchos proyectos Bridge siguen enfrentándose a barreras relacionadas con las metodologías de referencia, los umbrales de entrada al mercado y la neutralidad de los operadores del sistema. El documento concluye que lograr una integración escalable de la flexibilidad de la demanda requiere convergencia regulatoria en torno al diseño de la línea base, la supervisión del rendimiento y la facilitación neutral de los mercados por parte de los DSO y los TSO.
Por otro lado, otro elemento clave aborda la integración de las comunidades energéticas y los consumidores activos en los mercados energéticos. Los hallazgos del informe muestran que, a pesar del creciente apoyo político, las comunidades aún enfrentan obstáculos prácticos para acceder a los mercados, los servicios de red y una remuneración justa. En este sentido, el grupo de trabajo destaca la necesidad de marcos regulatorios que permitan a las comunidades energéticas y a los sistemas de distribución de energía generar valor tanto para sus miembros como para el sistema en su conjunto.
Infraestructuras digitales interoperables
El informe también muestra que los proyectos Bridge revelaron que la capacidad técnica a menudo supera la preparación regulatoria, con deficiencias en los estándares de interoperabilidad, los protocolos de ciberseguridad y las funciones de acceso a los datos. El grupo de trabajo concluye que la regulación europea debe respaldar de forma más explícita las infraestructuras digitales interoperables, garantizando flujos de datos seguros y transparentes que empoderen a los consumidores, agregadores y operadores del sistema.
Asimismo, el documento identifica cuestiones y recomendaciones transversales, incluyendo la importancia de la participación de las partes interesadas, la claridad regulatoria, la protección del consumidor y el desarrollo de métricas compartidas para evaluar el rendimiento de los mecanismos de flexibilidad y de intercambio de energía. El informe destaca la necesidad de un diálogo continuo entre reguladores, innovadores y ciudadanos, así como la creación de herramientas regulatorias adaptables que puedan evolucionar junto con el cambio tecnológico y social.