La Comisión Europea ha aprobado un régimen de ayudas estatales español por valor de 200 millones de euros, destinado a reforzar la capacidad de fabricación de la cadena de valor de los vehículos eléctricos. La medida se enmarca en los objetivos del Pacto por una Industria Limpia y busca acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas, impulsando el desarrollo de tecnologías sostenibles en España.
El régimen español, notificado en virtud de la sección 6.1 del Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, pretende financiar inversiones estratégicas que aumenten la capacidad de producción de tecnologías de almacenamiento de baterías y energía, así como tecnologías de hidrógeno aplicables a vehículos eléctricos.
Además, se incluyen ayudas a la fabricación de componentes clave y a la recuperación o producción de materias primas esenciales. Las ayudas se concederán en forma de subvenciones directas a empresas de todo el territorio español hasta el 30 de junio de 2026.
Ayudas estratégicas
El régimen español cumple con los requisitos establecidos en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, siendo necesario, adecuado y proporcionado para impulsar la descarbonización industrial y garantizar la disponibilidad de tecnologías limpias estratégicas, según señala la Comisión Europea. La aprobación se realiza conforme al artículo 107, apartado 3, letra c) del Tratado de Funcionamiento de la UE, asegurando la compatibilidad con la normativa europea de ayudas estatales.
El Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, adoptado por la Comisión en junio de 2025, tiene como objetivo facilitar la inversión en sectores clave para la transición ecológica. Este marco permite a los Estados miembros apoyar proyectos de energías renovables y combustibles hipocarbónicos, reducir temporalmente los costes de electricidad para grandes consumidores, impulsar la descarbonización de procesos industriales mediante electrificación, eficiencia energética e hidrógeno renovable, así como garantizar la capacidad de fabricación de tecnologías limpias, incluyendo baterías, paneles solares, aerogeneradores y electrolizadores. También contempla la reducción del riesgo de inversión en proyectos de energías limpias e infraestructuras asociadas a la economía circular.