El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado una inversión de 86,1 millones de euros para financiar 47 proyectos centrados en el reciclaje, la reutilización y el ecodiseño de equipos vinculados a las energías renovables. Estas ayudas se enmarcan en el programa Renocicla, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y cuentan con financiación europea procedente de los fondos NextGenEU.
La iniciativa, alineada con el PERTE de Economía Circular, movilizará una inversión total de 216,8 millones de euros y tiene como objetivo reforzar la gestión integral del ciclo de vida de tecnologías renovables, desde su diseño hasta la recuperación de materias primas. Entre los materiales que se podrán recuperar figuran metales como acero, cobre o aluminio, así como elementos críticos como litio, cobalto, níquel o grafito.
Impulso industrial y territorial al reciclaje de renovables hasta 2029
Del total de proyectos seleccionados, 36 corresponden a nuevas instalaciones industriales dedicadas al tratamiento y valorización de residuos procedentes de paneles solares, baterías y palas de aerogeneradores. Estas plantas tendrán una capacidad conjunta de tratamiento de más de 75.000 toneladas anuales, con un porcentaje medio de valorización del 87,5%.
Por tecnologías, destacan 15 iniciativas centradas en el reciclaje de paneles fotovoltaicos, 13 en la gestión y segunda vida de baterías de litio, y ocho en el tratamiento de palas de aerogeneradores.
Además, el programa incluye 11 proyectos de investigación orientados al ecodiseño y a la mejora de procesos industriales. Entre las propuestas más innovadoras se encuentran una planta de reciclaje de baterías en Cubillos del Sil (León), el desarrollo de palas de aerogenerador 100% reciclables en Salamanca y nuevas técnicas de desmontaje de paneles solares en Gipuzkoa.
En cuanto a la distribución territorial, Castilla-La Mancha y Andalucía lideran el número de proyectos subvencionados, seguidas por País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. También se desarrollarán iniciativas en Castilla y León, Aragón, Madrid, Extremadura y Navarra. El plazo de ejecución de las actuaciones se extiende hasta marzo de 2029. Todas ellas deberán cumplir con el principio europeo de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.