La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone medidas para mejorar el despliegue y el funcionamiento competitivo de los servicios de recarga de acceso público para vehículos eléctricos. El organismo plantea actuar sobre la regulación, la tramitación administrativa, las concesiones, la transparencia de precios, las ayudas públicas y la supervisión del sector.

El análisis forma parte del estudio E/CNMC/003/22, centrado en un mercado considerado relevante para la descarbonización del transporte y para la transición energética. La CNMC señala que ampliar la infraestructura de recarga, ajustarla a las necesidades de los usuarios y detectar barreras competitivas en una fase temprana resulta clave para evitar distorsiones futuras.
Obstáculos a la competencia en la recarga pública de vehículos eléctricos
El estudio identifica niveles de concentración relativamente elevados en la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos. Entre los factores que pueden limitar la competencia figuran las condiciones de acceso a ubicaciones públicas y privadas, así como a las redes eléctricas, ya que pueden favorecer a determinados operadores y dificultar la entrada de nuevos agentes.
La CNMC también apunta a la fragmentación regulatoria y a la carga de trámites administrativos como elementos que pueden incrementar costes y complicar la expansión de los operadores. A ello se suma la falta de transparencia en tarifas y condiciones del servicio, que puede reducir la capacidad de los consumidores para comparar ofertas.
Otro de los ámbitos analizados es el diseño de los incentivos públicos. El organismo advierte de que las ayudas al despliegue o las obligaciones de instalación dirigidas a determinados operadores pueden alterar la competencia si no se establecen bajo criterios de neutralidad competitiva.
Recomendaciones regulatorias
Para favorecer un desarrollo más eficiente del sector, la CNMC recomienda adoptar una normativa procompetitiva para el despliegue de la infraestructura de recarga. Entre las medidas propuestas figuran simplificar y consolidar el marco normativo vigente, reforzar la coordinación entre administraciones y difundir los mecanismos de unidad de mercado y de protección de los operadores económicos.
El organismo plantea además desarrollar un régimen de supervisión periódica de los instrumentos regulatorios. En materia administrativa, propone reducir cargas burocráticas mediante estándares y reglas comunes entre administraciones, ventanillas únicas, cooperación institucional e intercambio de buenas prácticas.
La CNMC considera necesario simplificar y agilizar tanto las autorizaciones como las obligaciones de los operadores. También recomienda mejorar el funcionamiento de las concesiones administrativas para instalar puntos de recarga, con contratos públicos diseñados para reducir barreras de participación y fomentar la concurrencia.
Transparencia
En relación con los usuarios, la CNMC plantea reforzar la información disponible para mejorar la transparencia y la comparabilidad de los precios. Asimismo, recomienda fomentar la interoperabilidad y el uso de estándares abiertos en los servicios de recarga.
El estudio también propone que las obligaciones y ayudas públicas se diseñen con criterios procompetitivos. En concreto, plantea adaptar los instrumentos de apoyo al despliegue a los objetivos perseguidos y al esfuerzo de los operadores, garantizando al mismo tiempo la neutralidad competitiva.
Por último, la CNMC recomienda mantener una supervisión reforzada del sector mediante el seguimiento de acuerdos, estrategias comerciales y desarrollos tecnológicos. El organismo también plantea considerar la posibilidad de dotarse de nuevas herramientas de investigación de mercados.