El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), un real decreto para acelerar la electrificación de la economía mediante una inversión adicional de 17.900 millones de euros en redes eléctricas hasta 2030. La norma regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y acota el destino de esos fondos a infraestructuras necesarias para conectar vivienda, industria y transporte electrificado, además de reforzar la seguridad del sistema, la protección de la avifauna y la resiliencia ante fenómenos naturales adversos.
El marco vigente limita la inversión anual en redes con cargo al sistema eléctrico al 0,065% del PIB en transporte y al 0,13% del PIB en distribución. Esos topes han resultado insuficientes para cubrir las necesidades de la transición energética y el volumen de solicitudes de acceso asociadas a nuevas demandas, una situación detectada durante la elaboración de la Planificación de electricidad con horizonte 2030, que continúa en tramitación.
Inversión adicional en redes eléctricas hasta 2030
El incremento aprobado seguirá una senda creciente hasta final de década para facilitar la ejecución de los proyectos. Las cantidades previstas se han elevado respecto al proyecto normativo sometido a audiencia pública, como resultado del proceso de elaboración de la Planificación.
En distribución, la inversión adicional podrá alcanzar 10.200 millones de euros, con 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030. En transporte, el volumen adicional podrá llegar a 7.700 millones, condicionado a la Planificación que apruebe finalmente el Gobierno, distribuidos en 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.
Si se suman las inversiones permanentes sujetas a los límites vinculados al PIB anual, el desembolso total en redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones de euros hasta el final de la década. El Gobierno vincula estas actuaciones a un efecto tractor sobre la economía: algunos estudios citados estiman que cada millón invertido en redes genera un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un multiplicador de 20 en creación de empleo.
La conexión de nuevos usuarios también permitirá repartir los costes totales de las redes entre una base más amplia, con el consiguiente efecto de reducción sobre los peajes repercutidos en las facturas finales de los consumidores.
Destino de las inversiones en distribución y transporte
En el caso de las redes de transporte, el destino de las inversiones incrementales anuales quedará identificado en la Planificación de electricidad. Para las redes de distribución, el real decreto delimita las partidas adicionales en varias categorías concretas.
Las inversiones podrán dirigirse a nuevas demandas industriales, residenciales y vinculadas a la descarbonización del transporte. Además, hasta un 20% podrá destinarse a control de tensión, telemando y telecontrol, observabilidad y ciberseguridad, con el objetivo de mejorar la visibilidad, la transparencia de los datos y la seguridad del sistema.
La norma permite dedicar hasta un 20% a inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas en las que la demanda no está garantizada en los cinco años siguientes, pero que pueden facilitar la conexión en zonas sin redes o con redes saturadas y generar un efecto dinamizador de la demanda. También se reserva hasta un 10% para adaptar líneas a la normativa de protección de la avifauna y hasta otro 10% para actuaciones de resiliencia climática frente a fenómenos naturales adversos.
El decreto contempla asimismo que los gestores de redes puedan adquirir líneas privadas ya existentes, como las utilizadas para la evacuación de generación, e incorporarlas al sistema en lugar de desarrollar nuevas líneas.
Planes públicos, consulta previa y sistema de penalizaciones
La norma fija el procedimiento para elaborar, tramitar y justificar los planes de inversión en redes eléctricas, con el fin de aumentar la transparencia y el control sobre la ejecución de las infraestructuras. En transporte se mantiene, en términos generales, el sistema actual de Planificación, mientras que en distribución se introducen cambios relevantes.
Las empresas distribuidoras deberán someter sus planes de inversión a consulta previa. Los agentes y administraciones podrán presentar propuestas, y los planes, que serán públicos y accesibles por internet, tendrán que explicar cómo se han considerado esas aportaciones. Las compañías también deberán publicar informes de cumplimiento a año vencido en el plazo de un mes, igualmente accesibles en la web.
El real decreto incorpora un sistema de penalizaciones para asegurar que las inversiones se ajusten a lo previsto. Las compañías que ejecuten de forma reiterada desembolsos inferiores o superiores a los planificados verán minorado su límite futuro de inversión.