El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, un texto que se remite al Congreso de los Diputados para culminar su tramitación. El objetivo del proyecto normativo es rebajar la factura de la luz de los consumidores al cubrir costes del sistema con los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no emiten CO2 y son anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono.
El proyecto de Ley salió a información pública el pasado 1 de junio y ha recibido numerosas aportaciones de los agentes interesados, así como los informes favorables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado.
La futura norma se tramita por la vía de urgencia y se suma a otras medidas ya adoptadas para afrontar los elevados precios de la electricidad, como la rebaja del IVA del 21% al 10% o la suspensión del impuesto al 7% de la generación.
El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO2. Los elevados precios de este mercado (ETS por sus siglas en inglés) se repercuten en el mercado mayorista de la electricidad y, en la actualidad, proporcionan a estas plantas unos beneficios extraordinarios, el dividendo de carbono, que no se consideran adecuados.
Fórmula matemática
El borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las referidas instalaciones y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad. Según esta fórmula, la minoración de ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros. Con los actuales precios del ETS, el importe de la minoración sería de unos 625 millones, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones.
El 10% de la cantidad resultante se destinará a combatir la pobreza energética, mientras que el otro 90% cubrirá costes del sistema eléctrico, priorizando la financiación de los mecanismos de capacidad en vigor, y destinando el excedente a financiar los cargos del sistema eléctrico. Según la coyuntura actual, se estima la reducción de la factura final de los consumidores en un rango que abarca desde el 2,5% en el caso de un hogar hasta el 0,85% para una gran industria.
El proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico coincide en el Congreso con el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, otra propuesta normativa para retirar de los cargos del sistema eléctrico la retribución regulada de las renovables históricas, la cogeneración y los residuos –más de 6.000 millones en 2020– de un modo progresivo durante un quinquenio.