La Junta de Castilla y León regula mediante un nuevo decreto ley un sistema de protección ambiental, patrimonial, urbanística y agronómica para los proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. El Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, incluye varias medidas que afectan a las políticas ambientales, entre ellas la regulación de la ubicación y tramitación de proyectos de generación eléctrica renovable.
La nueva norma incorpora y adapta el procedimiento abreviado establecido en el Real Decreto 6/2022 del Gobierno de España para las autorizaciones de estas instalaciones de su competencia (más de 50 MW) a las tramitaciones de proyectos de competencia autonómica (50 MW o menos), incorporando mayores controles ambientales. Además, se agiliza tanto el archivo de los proyectos no viables por no respetar esos criterios, como la autorización de los que sí lo son.
De esta manera, a partir de la entrada en vigor de esta norma, no será posible la instalación en Castilla y León de parques eólicos y fotovoltaicos que no cumplan los criterios de ubicación ambientales, patrimoniales, urbanísticos y agronómicos establecidos en el artículo 13.
Parques eólicos y fotovoltaicos
En cuanto a los parques eólicos y sus infraestructuras auxiliares, no serán autorizables en suelo rústico en los terrenos incluidos en la Red de Áreas Naturales Protegidas definida en el artículo 49 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, salvo en los montes protectores y en los catalogados de utilidad pública. Tampoco serán autorizables en los terrenos incluidos en áreas críticas de las especies protegidas con un plan de conservación o recuperación; en los terrenos ubicados a menos de 500 metros de un bien de interés cultural; en los terrenos ubicados a menos de 1.000 metros de los núcleos urbanos; y en los terrenos sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformación de secano a regadío, o bien mediante la modernización de regadíos.
Por otro lado, respecto a las plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares, no serán autorizables además de en los emplazamientos anteriormente referidos para los parques eólicos, en los montes arbolados, independientemente de su titularidad; y en los terrenos ubicados, en el caso de la fotovoltaica, a menos de 500 metros de los núcleos urbanos.
Se exceptúan las líneas de evacuación de energía producida por parques eólicos y plantas fotovoltaicas que atraviesen los terrenos mencionados, que con carácter general serán soterradas, que no estén prohibidas en los instrumentos de planificación ambiental aplicables y hayan sido evaluadas ambientalmente de forma específica. También se exceptúan las instalaciones de generación de energías renovables para autoconsumo con una potencia máxima de 5 MW, cuya autorización seguirá la tramitación establecida en cada caso.
Agilización de trámites
Los proyectos tramitados por la Administración General del Estado que incumplan estos criterios se informarán negativamente, agilizando los informes de los que sí los cumplan.
Los proyectos competencia de la Comunidad Autónoma que cumplan los criterios de ubicación, se tramitarán de forma más ágil utilizando el procedimiento establecido en el artículo 6 del Real Decreto 6/2022.
Actuaciones en suelo urbano
Por otro lado, la norma aprobada determina que una serie de actuaciones urbanísticas en suelo urbano no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no requieren evaluación ambiental. Se trata de estudios de detalle, planes especiales y modificaciones de planeamiento vigente, en cuyo ámbito superficial no existan valores ambientales relevantes.
La Junta de Castilla y León indica que esta modificación de la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León permitirá excluir del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada a un 50% de los expedientes que hoy se someten, beneficiando al conjunto de ayuntamientos de la región al reducir los tiempos de aprobación de los instrumentos afectados.