El estudio ‘Impacto Socioeconómico de las Inversiones en Energía Solar Fotovoltaica’, realizado por equipos de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense y presentado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), afirma que las inversiones en energía solar fotovoltaica generan beneficios económicos y sociales significativos en los municipios donde se implantan.
El análisis, que combina técnicas estadísticas cuantitativas con trabajo de campo cualitativo, revela que la implantación de plantas solares contribuye a dinamizar el empleo local, atraer población, estimular el tejido empresarial y aumentar los ingresos municipales.
El estudio destaca que, para maximizar las oportunidades que estas inversiones suponen para los municipios, las políticas públicas deben enfocarse en formación de los trabajadores, el fortalecimiento del tejido industrial y el buen uso de los ingresos fiscales. Por ello, asegura que si se mantienen y refuerzan las buenas prácticas de gobernanza, sostenibilidad y participación, las plantas fotovoltaicas pueden convertirse en un motor de desarrollo para municipios de muy diversas características.
Demografía, actividad económica y empleo
Los principales impactos cuantitativos destacados en el estudio se refieren a la demografía, la actividad económica, el empleo, la renta per cápita y las finanzas públicas.
El estudio expone que los municipios con instalaciones fotovoltaicas experimentan un crecimiento poblacional de entre el 3% y el 7%, ayudando a combatir el despoblamiento rural. Y respecto a la actividad económica, se observa un incremento del 2% en el número de empresas registradas en los municipios, especialmente en construcción, hostelería y agricultura.
Por otro lado, el documento afirma que las plantas solares crean empleo, especialmente durante la fase de construcción, reduciendo el desempleo especialmente en sectores como la industria y los servicios. En concreto, el estudio estima que la construcción de los parques solares fotovoltaicos supone un incremento medio de entre un 7% y un 13% en el empleo en los municipios, efecto que es relativamente superior en los municipios de menor tamaño.
Asimismo, el estudio muestra que los ingresos fiscales municipales crecen en torno al 11%, proporcionando mayor margen de inversión en servicios públicos. Y que se ha registrado un aumento de entre el 0,5% y el 1% en los ingresos medios directos de los residentes.
Participación local e impacto medioambiental
Desde el punto de vista cualitativo, los resultados del trabajo de campo muestran que la percepción social es, en general, positiva y se asocia a la modernización y diversificación de la economía local. Destaca la valoración especialmente positiva en los proyectos en los que la participación local de los ciudadanos durante el desarrollo de los proyectos y el acuerdo sobre el desarrollo de su aportación al municipio ha sido notoria.
El estudio revela que los procesos de negociación se caracterizan por la búsqueda de acuerdos y la colaboración entre empresas, administraciones locales, propietarios de suelo y colectivos sociales, orientados a maximizar los beneficios para el territorio y a legitimar socialmente los proyectos, priorizando el diálogo y la creación de convenios de colaboración que incluyan compromisos en materia de empleo, inversiones y mejoras sociales y medioambientales.
En cuanto al impacto medioambiental, el estudio destaca la percepción de bajo impacto en comparación con otras fuentes de energía, valorándose especialmente las medidas de integración y compensación ambiental. No obstante, en el documento también se identifican retos y nuevas oportunidades para un mayor impacto positivo y de consenso en los territorios.
Principalmente, se identifica la necesidad de una mayor visibilidad sobre el impacto en la biodiversidad local, mejoras en los acuerdos para minimizar el impacto en el paisaje, mayor coordinación entre administraciones y una regulación más clara que facilite la toma de decisiones, estableciendo procesos participativos y favoreciendo un diálogo transparente que permita que las inversiones respondan a las necesidades concretas y específicas de los municipios y sus habitantes.