La energía eólica se confirma como primera tecnología del sistema eléctrico español, con una generación anual de 59.378 GWh y una cobertura del 24% de la demanda a cierre de 2024, según los datos del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024, de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). El documento indica que la potencia instalada alcanzó los 31.679 MW, tras incorporar 1.185 MW nuevos, lo que consolida a España como segundo país europeo por capacidad eólica acumulada.
El informe, elaborado por Deloitte, pone de manifiesto el peso estratégico de la energía eólica en la economía española. El sector aportó 3.274 millones de euros al PIB (1.962 millones directos y 1.312 millones indirectos), equivalente al 0,25% del PIB nacional, y emplea a 37.070 profesionales, con un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior. Además, España se mantiene como cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con un valor de las exportaciones de 1.953 millones de euros.
Según el informe, la eólica evitó la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo —valoradas en 2.829 millones de euros— y redujo 30,8 millones de toneladas las emisiones de CO2.
Parques eólicos en tramitación
El documento de AEE destaca que el incremento de potencia eólica tendría que estar cercano a los 4 GW anuales, sin embargo España roza únicamente 1 GW. Las razones son múltiples, asegura la Asociación Empresarial Eólica, pero en ningún caso achacables al sector eólico, que cuenta con los centros industriales, el conocimiento y el interés de las empresas para acelerar el ritmo de instalación.
Actualmente, de los proyectos eólicos en tramitación hay más de 10 GW muy avanzados que cuentan con Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y podrían ser puestos en funcionamiento antes de 2029. De estos proyectos con AAC hay 3 GW paralizados judicialmente en Galicia. Las comunidades autónomas con mayor número de proyectos con AAC son: Galicia (3,4 GW), Aragón (2,4 GW), Castilla y León (1,9 GW), Andalucía (568 MW), Cataluña (373 MW) y Asturias (305 MW).
Además, el sector eólico cuenta con otros 9,2 GW que ya disponen del permiso ambiental positivo (DIA – Declaración de Impacto Ambiental), pendientes de obtener Autorización Administrativa de Construcción.
Radiografía de la energía eólica en España
El informe muestra que los parques eólicos están presentes en 868 municipios de los 8.132 municipios existentes en España, lo que equivale a que el 11% de los municipios españoles cuentan con la presencia eólica. La superficie española ocupada por infraestructuras eólicas es el 0,017%. Las provincias con mayor presencia de parques eólicos son Lugo, Las Palmas de Gran Canaria y La Coruña.
El 83% de la potencia eólica se concentra en cinco Comunidades Autónomas: Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. En el año 2024, las regiones que más potencia eólica han instalado son Castilla y León (550 MW nuevos), Aragón (246 MW nuevos) y Navarra (196 MW nuevos).
Respecto a la generación eólica, el ranking está liderado por Castilla y León con 12.198 GWh, seguida de Aragón con 11.168 GWh, Castilla-La Mancha con 8.748 GWh, Galicia con 8.636 GWh y Andalucía con 6.532 GWh.
En cuanto a la distribución del empleo, se concentra en seis regiones: Galicia (3.692 profesionales y el 17,9%), País Vasco (3.367 y el 16,3%), Andalucía (2.303 profesionales y el 11,2%), Castilla y León (1.960 profesionales y el 9,5%), Aragón (1.734 profesionales y el 8,4%) y Navarra (1.712 profesionales y el 8,3%).
2026, un año decisivo para la eólica española
El Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024 concluye que 2026 es un año decisivo para la transición energética española y el desarrollo de la eólica en el país.
La Asociación Empresarial Eólica identifica siete ejes prioritarios: acelerar la electrificación, acabar con los cuellos de botella en la tramitación, impulsar la repotenciación, reforzar la seguridad del sistema eléctrico, activar el reloj de la eólica marina, fortalecer la aceptación social y luchar contra la desinformación, y construir un marco regulatorio de protección de la biodiversidad equilibrado y coherente con la normativa europea.