El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto cuatro consultas públicas previas para desarrollar nueva regulación sobre renovables al amparo del Real Decreto-ley 7/2026. Las consultas, disponibles hasta el 15 de mayo, abordan la tramitación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR); la obligación de generar beneficios adicionales en las comunidades próximas a las instalaciones; un estándar de excelencia social y territorial para proyectos de renovables, almacenamiento y redes; y un sello específico para proyectos de biometano.
La iniciativa se enmarca en el Plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio aprobado mediante el RDL 7/2026, que incorpora a la normativa española la Directiva 2023/2413, conocida como DER III. La norma busca acelerar la transición energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y aumentar el retorno social de los proyectos de generación renovable.
Zonas de Aceleración de Renovables y retorno a los territorios
Las ZAR son áreas adecuadas para las centrales de renovables y las infraestructuras requeridas para su conexión a la red o para el almacenamiento, por no preverse en ellas un impacto ambiental significativo. Tendrán prioridad los suelos industriales y urbanizados, así como los terrenos degradados, como vertederos, minas y canteras, entre otros que ya hayan experimentado transformaciones relevantes.
Para poner en marcha estas zonas será necesario un Real Decreto que establezca los criterios y plazos con los que las comunidades autónomas podrán designarlas. También deberá permitir la elaboración de un catálogo estatal de medidas de mitigación obligatorias y concretar los efectos de las ZAR sobre la evaluación de impacto ambiental, así como sobre los procedimientos de tramitación simplificada y preferente y su contribución a los objetivos de energía y clima. La consulta pública para elaborar este Real Decreto está disponible en este enlace.
Otra consulta pública previa se centra en la obligación impuesta a las grandes centrales de trasladar beneficios a los territorios cercanos, al margen de las obligaciones fiscales o de cotización. El proceso servirá para preparar una Orden ministerial y recaba opiniones sobre qué puede considerarse un retorno de beneficios válido, cómo delimitar el ámbito territorial beneficiado y qué parámetros deben emplearse para medir, acreditar y verificar esos beneficios, además de los requisitos de participación ciudadana.
Estándar de excelencia y objetivos para el biometano
Una tercera consulta pública está orientada a una Orden ministerial que regule un estándar de excelencia social y territorial aplicable a proyectos de renovables, almacenamiento y redes. Este distintivo, de carácter voluntario, pretende identificar iniciativas con un elevado grado de implicación social, impacto económico positivo y calidad ambiental en su diseño y operación.
El cumplimiento de ese estándar otorgaría ventajas en procesos como la obtención de permisos de acceso y conexión, la participación en concursos del Régimen Económico de Energías Renovables o la posible declaración como proyecto estratégico. La consulta plantea cuestiones sobre los criterios mínimos exigibles, más allá de las obligaciones legales, incluyendo creación de empleo y actividad económica, implicación ciudadana o medidas contra la pobreza energética, así como sobre su procedimiento de acreditación.
La cuarta consulta se refiere específicamente al biometano, una tecnología que, según el texto sometido a información pública, podría sustituir más de un 10% de la importación de gas fósil, con especial relevancia en ámbitos donde la descarbonización presenta mayores costes. El RDL 7/2026 prevé fijar objetivos obligatorios de biometano en sectores distintos del transporte e incorporar un sello de excelencia social, territorial y ambiental. La consulta solicita aportaciones sobre los criterios para obtener ese sello, sus mecanismos de seguimiento y su renovación periódica.