Según un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), una serie de crisis mundiales en los últimos años han desencadenado un periodo de actividad excepcionalmente intensa en la formulación de políticas energéticas, lo que ha intensificado la atención de los gobiernos en materia de seguridad, resiliencia y asequibilidad energética, e impulsado un gasto público en energía significativamente mayor. En concreto, el gasto público en energía se ha duplicado con creces desde 2019 y, a nivel mundial, superó anualmente los 405.000 millones de dólares en 2025. El documento señala que la mayor parte del gasto público se ha destinado a inversiones a largo plazo en infraestructura energética, manufactura avanzada, energías renovables, eficiencia energética e incentivos para el cambio de combustible.
El informe ‘Estado de la Política Energética 2026’ analiza más de 6.500 medidas en 84 países y analiza modificaciones en más de 200 ámbitos, entre ellos el gasto público, las reservas de emergencia, el acceso a la energía, la regulación energética y los compromisos climáticos. El documento ofrece un análisis exhaustivo de las políticas de seguridad energética para el período 1973-2025 a partir de datos del Centro Global de Políticas Energéticas.
El gasto público en energía supera los 405.000 millones de dólares
El informe señala que el gasto público en energía se ha más que duplicado desde 2019, un periodo marcado por las disrupciones de la pandemia de Covid-19 y por la crisis energética de 2022. A escala mundial, el desembolso anual de los gobiernos en este ámbito superó los 405.000 millones de dólares en 2025.
Incluso antes del inicio de la guerra en Oriente Medio este año y de sus efectos sobre los mercados energéticos internacionales, las previsiones apuntaban a que el gasto público anual en energía se mantendría cerca de los niveles de 2025 hasta 2030. La mayor parte de esos recursos se ha destinado a inversiones de largo plazo en infraestructuras energéticas, fabricación avanzada, energías renovables, eficiencia energética e incentivos para el cambio de combustibles.
La IEA también extrae lecciones de la crisis energética de 2022 vinculada a la invasión rusa de Ucrania, especialmente en relación con las medidas de corto plazo para proteger a los consumidores. De los cerca de 220.000 millones de dólares dedicados ese año a ayudas al consumo, solo alrededor de una cuarta parte se dirigió a los hogares con mayores necesidades, lo que elevó la carga fiscal de esas intervenciones.
Aquella crisis impulsó además nuevos mecanismos de respuesta de emergencia en el mercado del gas natural. Según el informe, 30 países que representan más del 40% de las importaciones de gas natural ampliaron sus requisitos de almacenamiento mediante obligaciones adicionales de reservas.
Minerales críticos, cadenas de suministro y eficiencia energética
Los gobiernos están prestando más atención a nuevas fuentes de riesgo, en particular la concentración de los minerales críticos y de las cadenas de suministro de tecnologías energéticas. Alrededor de un tercio de las políticas sobre minerales críticos registradas por la IEA se ha introducido en los últimos cinco años, en parte como respuesta al aumento de controles a la exportación de minerales relevantes para el sector energético.
El informe también recoge un cambio de ritmo en las políticas de eficiencia energética y en las regulaciones del cambio de combustible durante el último año. Aunque 15 países han endurecido sus estándares de eficiencia, una serie más amplia de retrasos y retrocesos regulatorios, sobre todo en el transporte por carretera, ha ralentizado las mejoras esperadas.
La IEA advierte de que esas modificaciones, orientadas a aliviar cargas administrativas a corto plazo, podrían aumentar la exposición de hogares y empresas a futuras oscilaciones de los precios de la energía. El organismo considera que la crisis actual, impulsada por el conflicto en Oriente Medio, podría abrir una nueva fase de elaboración de políticas energéticas, con paralelismos con las respuestas adoptadas durante las crisis del petróleo de la década de 1970. La IEA seguirá monitoreando la situación a través del Centro Mundial de Políticas Energéticas, proporcionando actualizaciones periódicas sobre cómo los gobiernos están afrontando un panorama energético cada vez más complejo.