El Gobierno de las Islas Baleares ha fijado nuevos criterios técnicos y ambientales para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de plantas solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en las Islas Baleares. El objetivo es garantizar un despliegue ordenado, seguro y ambiental.
La aprobación de estos criterios proporciona un marco técnico claro y homogéneo para promotores, administraciones y ciudadanía, facilitando la tramitación de los proyectos y reforzando la seguridad jurídica, a la vez que se garantiza un nivel de exigencia ambiental.
Criterios para plantas fotovoltaicas y almacenamiento energético
El planteamiento prioriza la ubicación de las instalaciones en zonas ya transformadas o de bajo valor ambiental, como suelos degradados o áreas industrializadas, fomentando soluciones compatibles con otros usos del suelo, como la agrovoltaica, que permite mantener la actividad agraria junto con la producción energética. Asimismo, se establecen distancias de protección respecto a núcleos de población, viviendas aisladas, masas forestales y espacios naturales, con el fin de preservar la calidad de vida, el paisaje y los valores ambientales, minimizando impactos o molestias acústicas.
Los criterios refuerzan también la protección de los hábitats de interés comunitario, las masas forestales y los corredores ecológicos, tanto dentro como fuera de la Red Natura 2000, prestando especial atención a la prevención de impactos acumulativos y sinérgicos sobre el medio natural.
En el caso de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, se incorporan exigencias específicas de seguridad. La ubicación preferente de estas instalaciones se orienta hacia áreas industrializadas o hacia su integración en plantas fotovoltaicas ya existentes, con distancias adecuadas para reducir riesgos. Asimismo, se impulsa la aplicación de las mejores técnicas disponibles y la realización de análisis de riesgos y planes de protección.
La iniciativa atribuye al órgano ambiental un papel central en la aplicación de estos criterios. Su función será garantizar que las decisiones sobre proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento energético se adopten a partir de análisis técnicos y ambientales, de forma coherente con la normativa vigente.