Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el pasado viernes la posición negociadora del Consejo Europeo sobre el paquete europeo de redes eléctricas, que comprende una revisión del reglamento transeuropeo de infraestructuras energéticas (TEN-E) y una directiva de permisos. La posición del Consejo de la UE se centra en mejorar la planificación de infraestructuras energéticas transfronterizas, agilizar y acelerar la concesión de permisos, y garantizar una red energética más segura y resiliente.
El paquete europeo de redes eléctricas, propuesto por la Comisión Europea a finales de 2025, pretende abordar la urgente necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura energética de Europa para acelerar la electrificación y la descarbonización.
El Consejo Europeo iniciará negociaciones con el Parlamento Europeo una vez que este adopte su posición. Y el objetivo es alcanzar un acuerdo final sobre la legislación lo antes posible en 2026.
Marco común para la planificación energética
El Consejo Europeo apoya un marco común para la planificación del desarrollo de redes en los sectores de electricidad, hidrógeno y gas. Esto implicaría un escenario central que la Comisión Europea desarrollaría y basaría en la aportación de los Estados miembros y las partes interesadas, con el fin de identificar y abordar las carencias y cuellos de botella a largo plazo en infraestructuras.
La posición del Consejo de la UE aclara que el escenario central tendrá en cuenta los planes nacionales de energía y clima, las especificidades regionales y las disparidades en los precios de la energía. Y que irá acompañado de análisis realizados cada dos años para abordar los desarrollos del mercado y las necesidades urgentes en infraestructuras energéticas.
Por otra parte, los Estados miembros de la UE acordaron reinvertir una parte de los ingresos no gastados por congestión en proyectos transfronterizos destinados a reducir la congestión, con el fin de asegurar su financiación previsible. Según la posición del Consejo Europeo, esta norma no se aplica a los ingresos procedentes de las fronteras de la zona de licitación dentro de un país ni a los fondos recaudados antes de que el reglamento entre en vigor. También se introduce un aumento gradual en la asignación de ingresos por congestión (5 puntos porcentuales al año), comenzando en el 10% a partir del 1 de enero de 2028, hasta alcanzar el 25% en 2031. Si no se gastan, dichos fondos estarán disponibles tras ocho años para que los estados miembros los utilicen según las normas vigentes de la UE sobre el mercado eléctrico.
Seguridad de la infraestructura eléctrica y permisos más rápidos
Ante el creciente número de interrupciones intencionadas (sabotajes, ataques físicos o cibernéticos), los ministros de energía establecieron una nueva categoría de proyectos prioritarios dedicados a la seguridad y resiliencia de la infraestructura eléctrica existente. Esto permitirá financiar componentes críticos para reparaciones de emergencia de interconectores eléctricos.
Asimismo, los ministros de Energía respaldaron la necesidad de procedimientos de licencia más rápidos y transparentes, incluyendo la creación de portales digitales para aplicaciones simplificadas y la designación de proyectos de electricidad y energías renovables de interés público prioritario, priorizando su aprobación. Y se establece que, para acelerar aún más el proceso, los Estados miembros pueden decidir que la falta de respuesta de las autoridades en los pasos intermedios de la concesión de permisos se considera una aprobación tácita.
Además, los Estados miembros de la UE se esforzarán por evitar la exclusión del desarrollo de energías renovables en grandes áreas, para acelerar el despliegue de estas mediante un procedimiento simplificado. Y la posición del Consejo también incluye medidas sobre la participación ciudadana en proyectos de energías renovables, como promover el diálogo a través de un facilitador independiente y compartir beneficios con las comunidades locales cercanas.