El proyecto Confía, de Endesa, ha finalizado la fase de desarrollo y validación con usuarios reales. Se trata de un proyecto pionero en Europa que, gracias a la tecnología blockchain, va a permitir agilizar al máximo la tramitación de los casos de pobreza energética.
La experiencia piloto se desarrollará en Málaga, y este primer test se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de la ciudad. Además, han participado en el desarrollo Ayesa e Izertis.
El objetivo del proyecto Confía es que los servicios sociales municipales puedan detectar antes a los consumidores que puedan acceder al bono social como consumidor vulnerable, y conocer de forma sencilla la deuda pendiente de pago para que puedan beneficiarse de las ayudas establecidas por ley.
El piloto del sistema con el Ayuntamiento de Málaga estará listo este verano, y desde Endesa informan que, tras asegurar su escalabilidad y funcionalidad, se extenderá a otros ayuntamientos del resto de España.
Uso de la tecnología blockchain
Hasta ahora, era un proceso complejo y el procedimiento establecía numerosas tramitaciones en el caso de que se produjera un impago. Sin embargo, con la utilización de la tecnología blockchain se facilitarán los trámites, permitiendo el flujo inmediato de información.
Gracias al proyecto Confía, el Ayuntamiento de Málaga tendrá la información en tiempo real, recibiendo al instante los datos de las personas que han incurrido en un impago del suministro eléctrico. Y a su vez, los servicios sociales podrán cruzar al instante esta información con su propia base de datos y contactar con la compañía para evitar un corte del suministro si se constata que es un consumidor que cumple con los criterios para beneficiarse de las ayudas para consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
Las primeras pruebas desarrolladas han demostrado que desde el primer momento se pueden tener los datos en que se produzcan los impagos en un sistema descentralizado, seguro, inmutable, compartido y trazable. Esto permitirá que sean los propios servicios sociales quienes detecten a los consumidores vulnerables y contacten con las familias afectadas para gestionar las ayudas, y no a la inversa. De esta manera se agilizará de forma considerable toda la tramitación, mejorando la atención que reciben las familias afectadas.