El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aprobó ayer el Real Decreto-ley con una serie de medidas dirigidas a impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, así como a favorecer la reactivación económica.
En un contexto de recuperación tras el COVID-19, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica aprobado por el Gobierno elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, a la vez que establece un marco estable para impulsar la generación de empleo y actividad económica, en línea con el Pacto Verde Europeo.
El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. En primer lugar, contempla la regulación de acceso y conexión, así como un nuevo mecanismo de subastas para la ordenación de renovables. Un segundo bloque se centra en el impulso a nuevos modelos de negocio, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y, por último, una serie de medidas sectoriales para impulsar la actividad económica y el empleo en respuesta a los efectos causados por la pandemia.
Permisos de acceso y conexión a la red eléctrica
En su artículo 1, la norma abarca la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, a fin de evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.
De acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, en la próxima década se instalarán alrededor de 60.000 MW de potencia renovable en España, por lo que se estima que este impulso atraiga inversiones y cree nuevos empleos anualmente. En este sentido, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos con plazos temporales en función del momento en que fue otorgado el permiso, y de incumplirse, caducará de forma automática.
En un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto titulares como solicitantes de las autorizaciones podrán renunciar a las mismas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación, que exigirá mayor maduración de los proyectos y estudios previos.
Nuevo sistema de subastas de renovables
Otra cuestión clave es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores, así como traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico.
Así, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes, podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características y podrán tener en cuenta particularidades de las comunidades de energías renovables para que puedan competir por el acceso al marco retributivo de forma equitativa, de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones pequeñas y proyectos piloto innovadores, la norma permite que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.
Agilización y simplificación de trámites
En otra batería de medidas, el Real Decreto-ley agiliza y simplifica la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada con el objetivo de eliminar barreras para su puesta en marcha.
De esta manera, junto con la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, a la vez que genera actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector de las renovables.
Comunidades de energía renovable
Asimismo, mediante este Real Decreto-ley se incorporan a la regulación española nuevos modelos de negocio que el sector energético ya está demandando, como es el caso del almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. Al tiempo, se incorporan a la normativa las comunidades de energía renovables, figura que favorece la participación de los ciudadanos en la transición energética.
Las comunidades energéticas se regulan en el apartado dedicado al nuevo sistema de subastas para la ordenación de renovables. En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía y las comunidades de energías renovables podrán competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.
Infraestructura de recarga eléctrica, transición justa y Ley de Evaluación Ambiental
Para facilitar la expansión de la movilidad eléctrica, la norma otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad -con potencia superior a 250 kW-, para facilitar que se abran estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras, autovías y autopistas. Asimismo, se extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones.
Por otra parte y con el objetivo de facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, se define el cometido del Instituto de Transición Justa.
Finalmente, la norma modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente y facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía.