El pasado 1 de marzo, se celebró el acto de constitución de la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables de Cataluña. Este órgano, que reúne a una cincuentena de agentes sociales de todos los ámbitos, tendrá como función identificar y analizar medidas de compensación entre los territorios rurales y las zonas urbanas densamente pobladas en las que no se pueda garantizar alcanzar el 50% de su demanda eléctrica con generación eléctrica renovable de proximidad en el horizonte del año 2030.
En la constitución de la Mesa han tomado parte una cincuentena de agentes sociales de todos los ámbitos, que van desde el mundo municipal -como Asociación de Micropueblos de Cataluña, el Área Metropolitana de Barcelona, la Asociación Catalana de Municipios o la Federación de Municipios de Cataluña, entre otros- hasta el académico –como la Universidad de Girona o la Rovira i Virgili–, pasando por agentes económicos, del sector de la energía, colegios profesionales y las principales organizaciones del mundo agrario.
La Mesa nace con el objetivo de definir mecanismos que, por un lado, corresponsabilicen las zonas urbanas densamente pobladas en la instalación de energías renovables y, por otro, que contribuyan a mejorar el bienestar y el nivel de vida de los territorios rurales. De esta forma, también se pretende incentivar que las grandes áreas urbanas de la comunidad autónoma maximicen las políticas locales de implantación de energías renovables, y que compensen aquellos territorios excedentarios en la generación de electricidad de origen renovable por el esfuerzo de acoger instalaciones eólicas o fotovoltaicas por encima de sus necesidades.
Prospectiva Energética 2050 de Cataluña
La Prospectiva Energética 2050 calcula que Cataluña necesitará la implantación de 12.000 MW renovables en 2030 y casi 62.000 MW en 2050 para alcanzar un modelo energético neutro climáticamente, de los cuales un 30% deben ser distribuidos. Esto puede suponer la ocupación de un 2,5% del territorio, y requerirá la puesta en común de los intereses que pueden verse afectados para conseguir el mayor equilibrio y consenso posible.
La constitución de esta mesa es una de las medidas que incorpora el decreto ley 24/21, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, aprobado el pasado mes de octubre, para potenciar el equilibrio territorial e incrementar el consenso social en la implantación de nuevas instalaciones de este tipo, principalmente eólicas y solares fotovoltaicas.
Con la voluntad de dibujar un nuevo modelo basado en la generación de proximidad, en las centrales de pequeña y mediana dimensión y en la participación ciudadana, el decreto ley también incluye la elaboración de un plan territorial sectorial para la generación eléctrica en solar y fotovoltaica.
Para acelerar la transición energética en esta dirección, además de la aprobación del decreto ley, el Gobierno catalán también ha iniciado el despliegue de la red de oficinas comarcales de transición energética, ha creado el programa de la energética pública y ha modificado el código civil para facilitar notablemente el autoconsumo residencial en propiedad horizontal, entre otras medidas.