Los representantes de los Estados miembros de la UE aprobaron la semana pasada la posición del Consejo Europeo sobre una propuesta de la Comisión Europea para simplificar la normativa de la UE y, por consiguiente, impulsar su competitividad en el sector de las baterías. El principal objetivo es posponer dos años la fecha de aplicación de las obligaciones de diligencia debida pertinentes para que los operadores económicos que comercializan baterías en el mercado de la UE tengan más tiempo para prepararse. Ahora, el Consejo Europeo iniciará negociaciones con el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo sobre esta propuesta lo antes posible.
El Consejo Europeo ha priorizado esta propuesta con el fin de proporcionar a la industria de baterías de la UE la seguridad jurídica necesaria en relación con sus obligaciones de información y diligencia debida.
Normas de diligencia debida
El reglamento de baterías de la UE, adoptado en 2023, establece que los fabricantes de baterías están obligados a informar públicamente sobre sus prácticas de diligencia debida para prevenir o reducir los impactos adversos de las baterías en el medio ambiente, incluida la gestión de sus residuos.
La propuesta de la Comisión Europea otorga tiempo adicional a los fabricantes y exportadores de baterías para cumplir con estas nuevas normas de diligencia debida ambiental, ampliando el plazo del 18 de agosto de 2025 al 18 de agosto de 2027.
El aplazamiento también ofrecerá más tiempo para la creación de organismos de verificación externos, ya que se han identificado varios problemas en su proceso de autorización debido a la ausencia de un estándar de acreditación definido.
Asimismo, la Comisión Europea tiene previsto publicar las directrices de diligencia debida un año antes de la entrada en vigor de las obligaciones para ofrecer orientación oportuna a las empresas y facilitar la aplicación de las nuevas normas. Y también propone aligerar la carga administrativa de las normas de diligencia debida exigiendo a las empresas que publiquen informes sobre su cumplimiento cada tres años, en lugar de anualmente.