El informe ‘Resiliencia del Sistema Energético: Lecciones aprendidas de Ucrania’, publicado por la Agencia Internacional de Energía (IEA), subraya cómo la experiencia de Ucrania en mantener su sistema energético en condiciones extremas puede ofrecer orientación a gobiernos de todo el mundo. Entre las estrategias adoptadas por Ucrania se incluyen la descentralización de la generación eléctrica y de calor, el uso de generadores móviles y el desarrollo de sistemas de control subterráneos.
El documento identifica diez pilares esenciales para fortalecer la resiliencia de los sistemas energéticos, basados en la experiencia ucraniana desde la invasión rusa de 2022. Durante este conflicto, la infraestructura energética del país se convirtió en un objetivo estratégico, obligando a implementar medidas para minimizar las interrupciones del suministro de electricidad y calefacción.
Pilares para fortalecer la resiliencia de los sistemas energéticos
El informe destaca la importancia de situar la resiliencia en el centro de la planificación del sistema energético y de implementar medidas físicas de protección para la infraestructura crítica. Además, resalta la necesidad de contar con capacidades integrales de respuesta a emergencias y con mecanismos eficaces de comunicación con la población en caso de crisis.
Según el documento, Ucrania ha mostrado que aprovechar la descentralización y los recursos energéticos distribuidos facilita la rápida recuperación ante daños, mientras que mantener reservas de petróleo de emergencia sirve como un amortiguador frente a interrupciones.
Asimismo, el informe subraya la relevancia de estandarizar y almacenar equipos críticos, tratar los datos como un activo estratégico y garantizar que la ciberresiliencia esté integrada en todas las operaciones y la planificación del sistema energético. Finalmente, enfatiza la necesidad de construir mecanismos que permitan una colaboración transfronteriza rápida y eficaz.
La publicación ofrece ejemplos concretos de lo que ha implementado Ucrania y recomendaciones prácticas que los responsables políticos y reguladores pueden adaptar según las prioridades y necesidades de sus propios países.