A petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), que sitúa la equidad energética en el centro de la acción pública, con el objetivo de garantizar un acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía. La Estrategia se divide en cuatro ejes, 13 medidas y 34 acciones.
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 toma el relevo de la ENPE 2019-2024 tras un proceso de participación con entidades sociales, el ámbito académico y representantes del tejido económico, incluyendo una escucha específica a hogares en situación de vulnerabilidad. El diseño de la nueva fase se ha visto condicionado por la experiencia de la pandemia de la covid-19 y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que obligaron a desplegar medidas urgentes como el Mecanismo Ibérico y una rebaja significativa de la fiscalidad.
Entre esas actuaciones coyunturales destacó el refuerzo del bono social eléctrico, cuyo descuento llegó hasta el 80% de la factura para los consumidores más vulnerables, junto con el Suministro Mínimo Vital y la prohibición de cortes de suministro a hogares vulnerables.
En términos de carga energética media por hogar —porcentaje de ingresos destinado al pago de la energía—, la caída desde 2018 es del 3,5% en valores corrientes: de 1.111 euros al año a 1.072 euros anuales, sin descontar la inflación acumulada del 19,7% ni el incremento de la renta del 28,5% en el mismo período. En los deciles de renta más bajos, la reducción alcanza el 24,7%, asociada a la primera Estrategia Nacional de Pobreza Energética y a las medidas excepcionales de los últimos años.
La ENPE 26-30 mantiene la estructura de cuatro ejes: caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y coordinación interadministrativa, comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética.
Observatorio de pobreza energética y protección de consumidores
El primer eje prevé la creación de un Observatorio de la pobreza energética, alojado en la web del Miteco, que centralice datos, conocimiento y análisis para la toma de decisiones. La consulta pública previa para definir su funcionamiento y red de colaboradores ya se ha lanzado. El segundo eje, centrado en la protección de los consumidores, integra cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social.
Para reforzar este bono social eléctrico y el bono social térmico, la ENPE 26-30 plantea adaptar la normativa y acotar el acceso de los hogares con rentas altas, ligando la ayuda a los ingresos reales. También se prevén actuaciones para facilitar la tramitación: eliminar penalizaciones por permanencia en contratos PVPC con bono social, introducir protección específica en refacturaciones y exigir constancia escrita cuando un consumidor decida abandonar el PVPC con bono social.
Mejora de las condiciones energéticas y asesoramiento
El tercer eje se centra en la mejora estructural de las condiciones energéticas, con especial atención a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y a la participación de estos consumidores en comunidades energéticas.
En materia de eficiencia, se impulsará el uso de Certificados de Ahorro Energético (CAE) con un enfoque social, mediante un CAE social que estudia la aplicación de factores multiplicadores para aumentar el valor del ahorro generado y acelerar el retorno de inversiones en climatización y mejora de envolventes en inmuebles habitados por personas vulnerables.
El cuarto eje se orienta a la comunicación y sensibilización a través de tres medidas. Se prevé mejorar la cooperación entre administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específicos y fortalecer la detección de casos de pobreza energética en la atención primaria de salud y en los servicios sociales. Una nueva Red-Actúa asumirá buena parte de estas tareas. Se ha constatado un aumento de solicitudes de bono social allí donde existe una oficina de transformación comunitaria o un punto de atención similar, de modo que se dará formación y apoyo económico a entidades y administraciones públicas para su puesta en marcha, con agentes cualificados para atender a la pobreza energética y el transporte.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha abierto dos consultas al mercado vinculadas a la Red-Actúa: una para la formación de agentes cualificados y otra para la creación y mantenimiento de oficinas de atención a personas vulnerables.