Cumplir el Acuerdo de París obliga a elaborar una nueva regulación eléctrica y ambiental que anteponga los objetivos climáticos a la política económica. Es la principal conclusión del nuevo Informe IPM elaborado por Javier García Breva, y editado por IMEDIA, que se ha presentado en la sede permanente de la Comisión Europea en Madrid coincidiendo con el anuncio del Premio Princesa de Asturias a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París.
El Informe IPM ‘Acuerdo de París 2015: repercusión en la política energética española’ analiza la transcendencia de este acuerdo en la economía con los ejemplos de Estados Unidos, China y Europa para finalizar con España. Según la cátedra de BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas, desde el año 2000 las emisiones de CO2 por el uso de la energía han crecido un 38% frente al 12,7% de reducción en la Unión Europea. Con las políticas actuales las emisiones en nuestro país podrían alcanzar el 80%
advierte el experto.
Este dato confirma que España sólo podrá cumplir el acuerdo que ha firmado en la ONU cambiando su política energética incluyendo las siguientes 5 medidas: multiplicar por tres la potencia renovable integrándola en el urbanismo y transporte dando más competencias a los ayuntamientos, impulsar la rehabilitación energética a escala de ciudad, electrificar el transporte, sustituir la política de regalar derechos de CO2 y establecer un regulador independiente del medioambiente.
En el caso de España existe una relación directa entre dedicar el 4% del Producto Interior Bruto a importar hidrocarburos y el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como consecuencia, reducir el consumo de combustibles fósiles debe ser el primer objetivo de la política energética, afirma el informe. En caso contrario, el impacto del cambio climático en España puede suponer una pérdida del 3% de la riqueza nacional
, subraya Javier García Breva.