El pasado 24 de junio marca el final de las negociaciones sobre la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Con el principio de acuerdo alcanzado entre las 53 partes contratantes, la Comisión Europea destaca que ha cumplido el mandato de negociación que recibió del Consejo.
Una vez aprobado y ratificado, la Comisión Europea subraya que el TCE modernizado facilitará las inversiones sostenibles en el sector energético mediante la creación de un marco coherente y actualizado. Brinda seguridad jurídica y garantiza un alto nivel de protección de la inversión al tiempo que refleja los objetivos de transición hacia la energía limpia y contribuye al logro de los objetivos del Acuerdo de París.
El TCE ofrecerá protección de inversiones que refleje los estándares reformados y modernizados desarrollados por la UE en sus recientes acuerdos bilaterales, preservando el derecho de los gobiernos a perseguir sus objetivos de política pública, incluida la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto preserva completamente la capacidad de la UE para desarrollar las políticas climáticas.
Eliminación de protección a las inversiones en combustibles fósiles
El TCE modernizado permitirá a las Partes Contratantes excluir nuevas inversiones relacionadas con los combustibles fósiles de la protección de inversiones y eliminar gradualmente la protección de las inversiones ya existentes.
Esta eliminación progresiva de la protección de las inversiones en combustibles fósiles tendrá lugar en un plazo más corto que en el caso de una retirada del TCE, tanto para las inversiones existentes como para las nuevas: las inversiones existentes en combustibles fósiles se eliminarán gradualmente después de 10 años según las normas modernizadas (en lugar de de 20 años según las reglas actuales) y se excluirán nuevas inversiones en combustibles fósiles después de nueve meses.
El nuevo texto también confirmará que un inversor de una Parte Contratante incluida en una organización de integración económica regional (ORIE), como la UE, no puede presentar una reclamación de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) contra otra Parte Contratante miembro del mismo ORIE. Esto finalmente pondrá fin a las solicitudes dentro de la UE en virtud del TCE que son contrarias a la legislación de la UE y las sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la UE.
Protección de la inversión
El TCE modernizado contiene nuevas definiciones de ‘Inversión’ e ‘Inversor’ para que solo los inversores con intereses económicos sustantivos disfruten de la protección de la inversión. En el TCE Modernizado, las Partes reafirman su compromiso de respetar los principios laborales fundamentales reconocidos internacionalmente y acuerdan abstenerse de rebajar sus estándares para atraer inversiones a través de la denominada cláusula de no regresión y realizar estudios de impacto ambiental.
Las disposiciones sobre transparencia y responsabilidad social empresarial también forman parte de las disposiciones sobre desarrollo sostenible, todas las cuales están sujetas a un procedimiento de solución de controversias ad-hoc.
En cuanto al tránsito, el TCE modernizado tiene en cuenta los requisitos de los mercados de energía integrados con derechos de acceso de terceros, como en la UE, con disposiciones notablemente mejoradas en cuanto al acceso con fines de tránsito, el uso de la infraestructura y las tarifas.
Se han modernizado las normas pertinentes de solución de controversias, como, por ejemplo, garantizar una mayor transparencia de los procedimientos de solución de controversias.
Próximos pasos
Con un acuerdo de principio sobre el texto de la modernización del TCE, se activará un llamado procedimiento de silencio entre las Partes Contratantes del TCE. Si ninguna Parte Contratante rompe el silencio, el texto puede adoptarse formalmente en la Conferencia sobre la Carta de la Energía prevista para noviembre.
Para que la UE celebre el acuerdo, la Comisión deberá iniciar formalmente un procedimiento para la firma y celebración del acuerdo que requerirá el acuerdo del Consejo, así como el consentimiento del Parlamento Europeo.