Cerca de 85 millones de euros para 51 proyectos de renovables y almacenamiento en Canarias

generación renovable

A través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha asignado 84,86 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 51 proyectos de generación eléctrica renovable en las islas Canarias. Los proyectos seleccionados ampliarán la capacidad de almacenamiento en el archipiélago en 186 MWh, la potencia instalada renovable en 92,4 MW y la de producción de hidrógeno verde en otros 6 MW.

Los proyectos seleccionados ampliarán la generación renovable en 92 MW y la capacidad de almacenamiento energético en 186 MWh en Canarias.

El programa de apoyo pone especial énfasis en las iniciativas vinculadas al almacenamiento energético y la seguridad de la red y se subvencionan también instalaciones con producción de hidrógeno renovable. La resolución de las ayudas puede consultarse en este enlace.

De las 51 propuestas adjudicatarias, 30 se ubican en Gran Canaria y el resto en Fuerteventura (11), Tenerife (8) y La Gomera (2).

Almacenamiento energético

Dadas las características de las islas, su condición de redes aisladas permite evaluar y demostrar el potencial del almacenamiento como eje de integración de las energías renovables para alcanzar un sistema 100% descarbonizado.

Precisamente los proyectos seleccionados apuestan especialmente por la incorporación de sistemas de almacenamiento, ya sea en instalaciones existentes, repotenciadas o renovadas tecnológicamente, o nuevas instalaciones de generación renovable. Y de forma complementaria, estas ayudas buscan impulsar el despliegue de instalaciones fotovoltaicas en superficies antropizadas y la producción de hidrógeno verde.

Estas subvenciones cubrirán entre un 40% y un 75% de la inversión realizada. Junto a la innovación y los factores económicos, se han tenido en cuenta otros criterios a la hora de conceder las ayudas, como la participación ciudadana, las medidas de renovación medioambiental que protegen los ecosistemas, el impacto social y de género, y el impacto industrial y económico en el territorio.

 
 
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