Una guía recoge las claves para un despliegue renovable respetuoso con el medio ambiente y el territorio

Guía para un despliegue de energías renovables respetuoso con el medio ambiente y el territorio

La Fundación Renovables ha publicado la ‘Guía para un despliegue de energías renovables respetuoso con el medio ambiente y el territorio’, un documento metodológico para conseguir que los proyectos energéticos se implanten de manera ordenada y maximicen los beneficios locales y ambientales. Esta guía forma parte del proyecto Laboratorios GalxClima, una iniciativa impulsada por Red2Red centrada en los grupos de acción local y la emergencia climática. El documento recoge las principales conclusiones de diversos talleres de debate en los que participaron actores sociales y territoriales implicados en la transición energética.

La guía tiene como fin conseguir que los proyectos energéticos se implanten de manera ordenada y maximicen los beneficios locales y ambientales.

La descarbonización del sistema energético es clave para afrontar la emergencia climática. España se ha fijado como objetivo alcanzar un 48% de energías renovables en el consumo total y un 81% en la generación eléctrica para el año 2030. Para lograrlo, es necesario un despliegue masivo de tecnologías renovables que sustituyan progresivamente la generación fósil.

Sin embargo, este proceso debe realizarse de manera justa, equitativa, sostenible y con respaldo social. La guía subraya la importancia de contar con herramientas que aseguren una transición energética ordenada y respetuosa con el medio ambiente y el territorio, mejorando así la aceptación social de las energías renovables y minimizando su impacto ambiental.

Medidas para un despliegue renovable responsable

La guía propone una serie de medidas que, si bien no son universales, pueden aplicarse de forma efectiva en distintos territorios, considerando sus particularidades sociales, económicas y ambientales. Entre las principales recomendaciones se encuentra la creación de fondos de compensación intermunicipal, financiados con los ingresos generados por los proyectos de energías renovables, con el objetivo de repartir de forma justa los beneficios entre todos los municipios afectados.

También se subraya la necesidad de controlar las desigualdades intramunicipales, ya que en algunos casos los promotores gestionan los permisos con un único ayuntamiento, aunque el proyecto impacte directamente en pedanías u otros núcleos cercanos. Para evitar estas situaciones, es fundamental garantizar que todas las localidades implicadas reciban beneficios y sean incluidas en los procesos de decisión.

Otra medida clave es la promoción de la gobernanza participativa, que permita establecer criterios para una planificación territorial más equilibrada. Esto implica evitar la concentración de proyectos renovables en una sola zona, reduciendo así la presión sobre determinados territorios y favoreciendo una distribución más equitativa. Además, la guía destaca la importancia de traducir los beneficios económicos derivados de los proyectos en mejoras concretas para la población local, como la creación de empleo, la mejora de los servicios públicos o la construcción y rehabilitación de infraestructuras sociales.

La aplicación de estas medidas no solo permitiría acelerar el ritmo de descarbonización a escala local y regional, sino también dinamizar la economía de los territorios, generar ingresos municipales a través de impuestos y fomentar una mayor cohesión social. En este contexto, la Fundación Renovables subraya la relevancia de impulsar comunidades energéticas locales, una herramienta clave para promover el autoconsumo y reducir los costes energéticos de la ciudadanía.

Áreas libres de impacto para proyectos sostenibles

El despliegue de energías renovables debe realizarse siempre respetando la naturaleza y la biodiversidad, según este documento. Para ello, los proyectos no deben ubicarse en espacios protegidos como la Red Natura 2000 o las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

En este sentido, la guía considera urgente desarrollar y geolocalizar a escala nacional y regional las Zonas de Aceleración Renovable, áreas sin impacto ambiental donde se puedan instalar proyectos, según lo establece la Directiva de Energías Renovables III.

 
 
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