Esta semana, el Gobierno de España ha aprobado el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio para mantener durante tres meses medidas de protección a hogares y empresas y reforzar el despliegue de renovables. El paquete moviliza 1.825 millones de euros este año y añade 2.700 millones de ahorro fiscal en 2027 y 2028 por la rebaja progresiva hasta la eliminación del impuesto a la producción eléctrica.
La norma da continuidad al plan aprobado el 20 de marzo y mantiene dos líneas de actuación. La primera prorroga medidas coyunturales que vencían el 30 de junio, con ajustes vinculados a la menor incertidumbre y a recomendaciones técnicas de Bruselas. La segunda incorpora medidas estructurales dirigidas a reducir la dependencia de combustibles fósiles, reforzar la soberanía energética y aumentar la resiliencia de la economía española ante crisis externas.
Rebajas fiscales en carburantes y producción eléctrica
En el ámbito fiscal, el Real Decreto-ley modula la reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) durante el trimestre. La bonificación pasará de los 20 céntimos por litro actuales a 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, con una cláusula automática que restablecería los 20 céntimos si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%. Esta medida supone un ahorro fiscal de 939 millones de euros.
Para los profesionales del transporte, la agricultura y la pesca, el descuento equivalente a 20 céntimos por litro se mantiene hasta el 30 de septiembre. Además, se prorrogan hasta esa fecha las ayudas extraordinarias a empresas de transporte por carretera para compensar el precio del gasóleo profesional, tanto para quienes tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como para autónomos, sociedades con licencias de transporte o titulares de autobuses urbanos que no acceden a esa devolución. Estas ayudas son gestionadas por la Agencia Tributaria.
El texto también modifica el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). A las minoraciones ya previstas para 2026 en el Real Decreto-ley de marzo, del 10% en el primer trimestre y del 100% en el segundo, se suman reducciones del 30% en el tercer trimestre y del 40% en el cuarto. Asimismo, el tipo del impuesto bajará del 7% al 5% en 2026, al 3,5% en 2027 y al 0% en 2028, con un ahorro estimado de 315 millones de euros este año.
La norma incorpora un mecanismo de salvaguarda ante una evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas. Si el encarecimiento supera el 15%, se reactivarían las medidas aprobadas en marzo: el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña volvería a reducirse del 21% al 10%, y el Impuesto Especial sobre la Electricidad pasaría de nuevo del 5,1% al 0,5%.
Apoyo al sector agrario, pesquero y control del mercado de carburantes
El segundo Real Decreto-ley incluye ayudas específicas para los sectores agrario y pesquero por 230 millones de euros, que se suman a los 877 millones previstos en el Plan Integral de marzo. Con ello, el apoyo total a ambos sectores alcanza los 1.107 millones. La prórroga hasta el 30 de septiembre de la subvención al gasóleo de uso agrario y pesquero, de hasta 20 céntimos por litro y gestionada por la Agencia Tributaria, cuenta con un presupuesto de 65 millones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) queda habilitada para requerir a agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución la información necesaria sobre el funcionamiento del mercado de carburantes. También se amplía la obligación de los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al regulador sobre costes de aprovisionamiento y precios de venta a otros mayoristas. Si la CNMC detecta comportamientos anómalos, podrá iniciar el procedimiento sancionador correspondiente e incluir información individualizada en su informe semanal sobre carburantes.
Suministros básicos e impulso a las renovables
Además, se mantiene el escudo social ya establecido para todo 2026 en la norma aprobada el 20 de marzo. Entre las medidas figuran los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos, el aumento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición de cortar suministros básicos de agua y energía a hogares vulnerables.
También se prorrogan las condiciones aplicables a las empresas beneficiarias de ayudas. Se mantiene la exigencia de contar con un Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para compañías que reciban ayudas vinculadas a la guerra.
En transición energética, la norma habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) para desarrollar normas técnicas del sello de excelencia social, territorial y ambiental, que permitirá una tramitación preferente a los proyectos de generación renovable y producción de biogás que cumplan esos criterios. Junto a la simplificación normativa y la reducción de carga burocrática, se prevén medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, anticipar la conexión de nuevas demandas e incorporar baterías que presten servicios técnicos en territorios no peninsulares, con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles.