La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) han presentado a los grupos políticos una propuesta conjunta con 12 compromisos para acelerar la movilidad eléctrica en España hasta 2030. El documento sitúa como prioridades las ayudas directas a la compra, una red eléctrica preparada, una tramitación más ágil y una infraestructura de recarga accesible y fiable.
Las tres entidades, lideradas respectivamente por Joan Hinojo, Daniel Pérez y Ángel García, plantean la iniciativa como una agenda de país para el próximo Gobierno. Su diagnóstico parte del peso del transporte en la economía y en el sistema energético: representa el 40% de la demanda energética nacional, genera casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y mantiene una dependencia del 92% de los combustibles fósiles, lo que obliga a importar más del 70% de la energía consumida.
El sector recuerda además que España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y que la automoción aporta el 10% del PIB y el 9% del empleo. En ese contexto, las asociaciones advierten de que retrasar la electrificación puede afectar a la inversión industrial, al empleo y a la confianza del capital privado.
Red eléctrica, permisos y obligaciones de recarga
La primera línea de actuación propuesta se dirige a reducir la incertidumbre en la conexión a la red. Aedive, AORU y AUVE reclaman mapas digitales de capacidad eléctrica transparentes y actualizados, plazos máximos y verificables para que las distribuidoras respondan y ejecuten acometidas, informes trimestrales y denegaciones motivadas que incluyan alternativas viables.
El documento también pide incorporar la movilidad eléctrica a la planificación de las redes, con refuerzos anticipados en las zonas donde exista demanda futura acreditada. Asimismo, plantea garantizar potencia suficiente en los emplazamientos en los que la Ley 7/2021 obliga a instalar puntos de recarga.
En materia administrativa, las asociaciones proponen una declaración responsable homogénea en todo el país, una ventanilla única digital conectada con el catastro, silencio administrativo positivo y energización provisional mientras se completa el expediente. El objetivo es evitar que haya estaciones de recarga construidas pero sin suministro. También solicitan que en los primeros cien días de gobierno se apruebe un plan nacional de cumplimiento y supervisión de las obligaciones vigentes, incluido el Reglamento europeo sobre la infraestructura para combustibles alternativos (AFIR).
Recarga accesible, demanda y seguimiento hasta 2030
La propuesta incorpora medidas para mejorar la experiencia de los usuarios. Entre ellas figuran la transparencia tarifaria conforme al AFIR, facturas que separen energía, aparcamiento y penalizaciones por ocupación, interoperabilidad, datos abiertos y una disponibilidad mínima anual del 98% por punto de recarga. Ese indicador excluiría causas ajenas al operador, como retrasos de la distribuidora, robo de cableado o vandalismo.
Las asociaciones plantean que ningún municipio de más de 5.000 habitantes esté a más de 30 minutos de un cargador rápido. También proponen un Plan Nacional de Recarga en corriente alterna para hogares, comunidades, empresas y vía pública, junto con una red de alta potencia en corredores logísticos, depósitos y aparcamientos destinada al transporte pesado.
Para activar la demanda, Aedive, AORU y AUVE piden ayudas a la compra sin anticipos, con descuento directo en el punto de venta cuando sea jurídicamente viable. El paquete se completa con la continuidad y simplificación de las deducciones fiscales, una revisión de la fiscalidad del vehículo de empresa y criterios de compra pública basados en el coste total de propiedad.
El esquema de gobernanza propuesto incluye una mesa interministerial permanente con participación de las tres asociaciones y un cuadro de mando trimestral oficial. Ese instrumento debería medir, entre otros indicadores, los puntos de recarga realmente operativos y los tiempos medios de conexión a red. Daniel Pérez, presidente de AORU y CEO de Zunder, vincula los próximos cuatro años al despliegue de infraestructuras y al aumento del parque 100% eléctrico, mientras Joan Hinojo, presidente de Aedive, destaca la necesidad de combinar adopción del vehículo eléctrico e infraestructura viable. Ángel García, presidente de AUVE, subraya que los usuarios necesitan ayudas sin adelantos, precios claros y recarga fiable también fuera de las grandes ciudades.
