El sector fotovoltaico trabaja para garantizar el suministro energético y limitar al máximo el impacto del COVID-19

Parque fotovoltaico

Las empresas del sector fotovoltaico están llevando a cabo un importante esfuerzo en la actual situación de crisis sociosanitaria para garantizar el funcionamiento de su actividad en todas las etapas de la cadena de valor de la tecnología. La Unión Española Fotovoltacia (UNEF) explica que a pesar de que los desplazamientos de los instaladores se han suspendido, el seguimiento del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo continúa con normalidad a través de herramientas online.

En los primeros tres meses de 2020, la industria fotovoltaica ha generado 2.354 GWh de energía limpia en España.

Según informa UNEF en un comunicado emitido el 24 de marzo, toda la cadena de valor de la tecnología, desde los fabricantes de materiales y estructuras, hasta los desarrolladores de proyectos, están dando todos los pasos necesarios para limitar al máximo el impacto del COVID-19 a nivel humano, social y económico.

Con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los profesionales, entre las medidas puestas en marcha destacan la reducción al mínimo posible del personal presente en las obras de construcción de nuevos parques fotovoltaicos, procurando que se trate de personal local para evitar desplazamientos de otras regiones.

En el caso de empresas que se encargan de la operación y el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas ya existentes, se está impulsando el uso del vehículo personal con un único ocupante y se está proporcionando a los profesionales equipos de protección individual.

La importancia de la industria fotovoltaica

En los tres primeros meses de 2020, la industria fotovoltaica ha generado 2.354 GWh de energía limpia, dando empleo a más de 29.000 personas. Además, la patronal recuerda que este sector contribuye al PIB nacional en más de 5.000 millones de euros.

Desde UNEF destacan que el sector fotovoltaico asegura una actividad clave para la economía española y para el cumplimiento de los objetivos establecidos por el PNIEC y el Acuerdo de París, y solicitan al Gobierno que considere al sector como “actividad estratégica” en el caso de que tenga que tomar medidas más estrictas para frenar la expansión del COVID-19.

 
 
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