Desde que se empezó a aplicar el mercado de derechos de emisión de CO2 en el año 2005, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la generación de electricidad en España se han reducido a la mitad. Así se refleja en el estudio ‘Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 2005-2018’, elaborado por la consultora internacional de medio ambiente Liken Carbon Hub y publicado por la Fundación Naturgy.
Según el informe, en 2018 la actividad de generación eléctrica representó un 17,8% del total de las emisiones. Ese año el transporte fue el responsable del 27% de las emisiones, después de iniciar una senda de ascenso en los últimos años.
Por su parte, la industria (por uso de combustibles y emisiones de proceso) causó el 22% de las emisiones totales en 2018, y el ámbito residencial-comercial, el 9%. Las emisiones de este último se redujeron un 30% en el periodo analizado.
Del informe también se desprende que las emisiones acumuladas en el periodo 2005-2018 correspondientes al consumo de combustibles se originaron en un 33% en la actividad de transporte; en un 28% en la generación de electricidad; en un 17% en instalaciones industriales; y en casi un 11% en el sector residencial/comercial.
Reducción del 25% de las emisiones de GEI
El informe analiza el tiempo comprendido entre el inicio de la aplicación del mercado de derechos de CO2 en 2005 y hasta 2018. Según el documento, a lo largo de este periodo España registró una reducción del 25% de las emisiones de GEI, 5 puntos por encima de la media europea, y del 30% de las emisiones per cápita. En concreto, un 80% de las emisiones GEI corresponde a CO2.
Además, otro dato destacado es que en 2005 España representaba aproximadamente un 8,4% del total de las emisiones de gases efecto invernadero de la Unión Europea, cifra que ha ido disminuyendo hasta situarse en un 7% en 2018. El documento destaca que el nivel español de emisiones per cápita se encuentra ligeramente por debajo de la media europea.
Otras informaciones que analiza el informe se basan en la intensidad de emisiones en relación con el PIB, así como los retos que la economía española debe afrontar en los próximos años y que tienen que ver con los sectores difusos.
La información que arroja este estudio demuestra el resultado de la aplicación, en España, de las políticas europeas que dan cumplimiento al compromiso de la Unión Europea con la agenda y acuerdos internacionales sobre limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Tras la adopción del Protocolo de Kyoto, nuestro país se comprometió a limitar sus emisiones entre 2008 y 2012 a un aumento no superior al 15% respecto al año base 1990. Aunque las emisiones superaron ese valor, se cumplieron los compromisos adquiridos utilizando, al igual que otros países, los mecanismos flexibles contemplados en el citado protocolo.
Según los autores del informe, esta senda de actuación se verá reforzada por el compromiso español en el marco del nuevo Acuerdo Verde Europeo, que tiene como objetivo último la descarbonización de la economía en 2050.