Un nuevo real decreto actualiza las bases de funcionamiento del mecanismo de compensación de los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para la industria con un elevado consumo energético. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana esta normativa que recoge las nuevas reglas que se aplicarán hasta 2030, actualiza los sectores beneficiarios e incluye nuevas obligaciones.
La Comisión Europea dio luz verde el pasado mes de marzo al plan de 2.900 millones de euros del Gobierno español para compensar parcialmente los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030. La CE concluyó que el plan español es necesario y adecuado para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a cubrir parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad asumidos entre 2021 y 2030.
Movilización de 244 millones de euros en ayudas al CO2 en 2022
En 2022 está prevista una movilización de 244 millones de euros en ayudas al CO2 gracias a la aportación extraordinaria de 65 millones de euros que se aprobó en el Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Estas ayudas son un instrumento necesario para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a hacer frente al incremento de los precios de la electricidad, además de para mejorar su competitividad y reforzar sus capacidades industriales y el empleo, evitando el traslado de la actividad productiva de los sectores en riesgo de fuga de carbono a países no pertenecientes a la UE que cuentan con políticas climáticas menos estrictas.
La compensación se concederá a las empresas mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior. El importe máximo de ayuda será igual al 75% de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido.
Las empresas beneficiarias por las ayudas deberán realizar esfuerzos de descarbonización, mejorando su eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono de su consumo eléctrico o la inversión de al menos el 50% de la ayuda en proyectos de reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.