La Comisión Europea ha adoptado nuevos actos legislativos derivados, tres reglamentos de ejecución y un reglamento delegado, y una comunicación relativa a la Ley de Industria Cero Neto (NZIA, por sus siglas en inglés) que contribuirán a ampliar la fabricación de tecnologías de cero emisiones y a aprovechar la ventaja competitiva de la industria de tecnologías limpias de la UE. Entre otras cuestiones, estas normas aclaran qué proyectos de fabricación pueden beneficiarse de disposiciones específicas de la ley, como las relativas a la concesión de permisos, la condición de proyecto estratégico y los criterios no relacionados con el precio.
Para la elaboración de los textos adoptados, se han tenido en cuenta las aportaciones recibidas a través de la consulta sobre los cuatro reglamentos realizada a principios de año, así como también son fruto del debate entre los Estados miembros de la UE en los grupos de expertos y comités establecidos.
En el caso del reglamento delegado, tras su publicación, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo disponen de un período de dos meses para analizarlo, durante el cual se pueden presentar objeciones. Se trata de un plazo prorrogable por otros dos meses si se solicita. Para los reglamentos de ejecución adoptados, no existe ningún período de examen establecido.
Componentes para las tecnologías de cero emisiones
La Ley de Industria Cero Neto refuerza la fabricación de tecnologías de cero emisiones en la UE, incluyendo sus componentes clave. Uno de los nuevos actos legislativos adoptados aclara el alcance de la NZIA mediante la lista de componentes específicos para las tecnologías de cero emisiones a los que se aplicarán sus requisitos.
Por otro lado, la Comisión Europea ha adoptado nuevas normas para la inclusión de determinados criterios no relacionados con el precio en las subastas de los países de la UE para el despliegue de energías renovables. Estos criterios incluyen la conducta empresarial responsable, la ciberseguridad y la contribución a la sostenibilidad y la resiliencia. A partir del 30 de diciembre de 2025, las nuevas normas deberán aplicarse al 30% del volumen de las subastas (o 6 GW al año por Estado miembro).
La ley establece parámetros más detallados para ayudar a armonizar la aplicación de estas normas por parte de los países de la UE y garantizar una mayor visibilidad para las empresas, permitiendo al mismo tiempo cierta flexibilidad.
Asimismo, la Comisión Europea ha adoptado una ley que enumera los productos finales de tecnología de cero emisiones netas y sus principales componentes específicos. Esta lista ayuda a identificar qué productos pueden activar la aplicación obligatoria del criterio de resiliencia, no relacionado con el precio. Esto significa que, en ciertos procedimientos públicos, los poderes adjudicadores deben considerar la resiliencia de la cadena de suministro junto con el precio al seleccionar tecnologías o proveedores. En estos casos, no deben simplemente seleccionar la opción más económica.
Procedencia del suministro, resiliencia y proyecto estratégico
Además, la Comisión Europea ha adoptado una Comunicación que ofrece información sobre la procedencia del suministro de tecnologías de cero emisiones de la UE, destacando la dependencia de terceros países en tecnologías específicas.
Esta información permite aplicar el criterio de resiliencia, no relacionado con el precio, en la contratación pública, las subastas de energías renovables y otras intervenciones públicas para diversificar las fuentes de tecnología. Y también ayuda a los Estados miembros a evaluar los proyectos de fabricación de tecnología de cero emisiones que pueden optar a la categoría de proyecto estratégico.
Finalmente, la NZIA permite que los proyectos de fabricación de tecnologías de cero emisiones soliciten la categoría de proyecto estratégico. Los proyectos estratégicos se benefician de la categoría prioritaria a nivel nacional, lo que garantiza una rápida tramitación administrativa y asesoramiento financiero. En este contexto, la norma adoptada garantiza un proceso de selección uniforme en todos los países de la UE, mediante directrices sobre los criterios aplicables para la selección de dichos proyectos.